El
Colegio de Graduados Sociales de Castellón ha celebrado su acto institucional
para entregar sus premios anuales. Un evento en el que la presidenta, Amparo
Máñez, ha puesto en valor el trabajo de este colectivo profesional en el ámbito
laboral y jurídico asesorando a tres de cada cuatro pequeñas y medianas
empresas de la provincia. Máñez ha remarcado la importancia de “estrechar el
cerco” al intrusismo profesional y de alcanzar una comunicación más fluida con
la administración para favorecer a la ciudadanía y al tejido empresarial,
generando canales propios que permitan descongestionar los trámites
burocráticos con distintos departamentos. “Detrás de cada contrato laboral, en
la gestión de la seguridad social, en los trámites de extranjería, colaborando
en la formación de nuevos profesionales, defendiendo los derechos laborales,
ejerciendo la mediación para reducir la conflictividad laboral, ahí estamos”,
explicó.
La ley establece multas que oscilan
entre 5.001 euros y 150.000 euros para aquellas personas que desempeñen
funciones de graduado social sin estar colegiado. Así como la inhabilitación o
suspensión temporal por sanción previa por un tiempo que puede ascender a cinco
años. Se ha endurecido el marco legislativo y las competencias sancionadoras en
los distintos colegios profesionales, sin embargo, “siguen detectándose malas
prácticas” en todo el territorio autonómico a las que “hay que responder con
rapidez para evitar los perjuicios que genera a nuestro colectivo pero también
a quien los utiliza”.
Durante su intervención, la actual
presidenta del Consejo Valenciano de Graduados Sociales también quiso
visibilizar distintos obstáculos a los que cada día se enfrentan en su laboral
profesional. “Debemos poner de manifiesto ante la sociedad el derecho a nuestra
conciliación familiar, a la salud, al descanso; frenar el desequilibrio que
supone la digitalización de la administración cuando descansa sobre nuestras
espaldas; responder ante la “indefensión” que generan las masivas notificaciones
por Boletines o rechazar las obligaciones con derivación de trabajos propios de
la Administración”, expuso.
El acto organizado por el Colegio de
Graduados Sociales de Castellón para cerrar el año, sirvió también como marco
para la entrega de distintos premios y reconocimientos. Tres estudiantes de la
UJI del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos obtuvieron las
Menciones Especiales por sus expedientes académicos: Víctor Cordente, Ángela
Yoana Montaño y Gabriel Sánchez-Camacho. Por otro lado, también se reconoció la
trayectoria profesional y la colaboración con el Colegio de Juan José Camino
Frías, inspector de Trabajo y Seguridad Social recientemente jubilado, y a José
Manuel Marco Cos, ex presidente de la Audiencia Provincial.
Una
amplia representación del ámbito jurídico, político y laboral de la provincia
asistió a este evento institucional celebrado en el hotel Intur, como la
Subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, y el concejal de Economía,
Hacienda, Empleo y RR HH, Juan Carlos Redondo, quien fue secretario del Colegio
de Graduados Sociales de Castellón.