Amparo Máñez (Segorbe, 1967) se
estrena al frente del Consejo Valenciano de Graduados Sociales de la Comunidad
Valenciana. Desde hace tres semanas, representa a los casi 2.400 profesionales
de un colectivo que ha gestionado en plena crisis el 70% de los expedientes de
regulación de empleo (ERTE y ERE), las solicitudes colectivas de prestaciones de desempleo, y que
son especialistas en relaciones laborales y mediación. La actual presidenta
del Colegio de Graduados Sociales de Castellón compatibilizará ambos cargos en
un momento de transición política que tiene consecuencias directas en un
mercado laboral que todavía se está adaptando a las consecuencias de la Reforma
aprobada hace apenas año y medio. Máñez lleva 32 años desarrollando su labor
profesional en el Alto Palancia, es la tercera presidenta en la historia del
Consejo y aspira a romper la “invisibilización” histórica del colectivo,
especialmente en su relación con las administraciones públicas.
¿Existe una comunicación
fluida con la administración?
Consideramos que hay que reforzar
el diálogo con los responsables políticos y técnicos para que exista un
contacto más directo. Tenemos claro que la vía telemática ha llegado para
quedarse, pero como expertos en el ámbito laboral consideramos que deberían
tener más en cuenta nuestras opiniones antes de aprobar algún tipo de
normativa. Ya ha pasado la pandemia, hemos sido una actividad esencial para
evitar que se descosiera el tejido empresarial, y queremos mantener ese papel
que nos otorgó la propia administración. Si tenemos un canal de comunicación
propio con la administración todo el mundo ganaría. De cara a la ciudadanía, la
resolución de expedientes más rápidos, sin tener que presentar reclamaciones,
recursos o escritos de alegaciones que dilaten el proceso.
La digitalización de la administración está generando luces y sombras ¿cómo valora este proceso?
Da la sensación que los efectos
de la pandemia y la digitalización se han sumado para favorecer cierto grado de
aislamiento de determinadas administraciones, cierta desafección por el trato
personal, que perjudica a la ciudadanía. La gente se queja de que es difícil
contactar con la administración para resolver un simple trámite.
La digitalización es un paso
adelante, sin duda, pero respetando los tiempos y repartiendo las cargas que
conlleva. Como profesionales y como sociedad debemos adaptarnos, aunque también
comprometernos a que nadie se quede atrás. Es un proceso que nos ha obligado a
una nueva organización de los despachos profesionales. Ha funcionado bien,
aunque en determinados trámites, una pensión de jubilación, por ejemplo, o un
complemento a la brecha de género, la administración pública tiene datos que
nos vuelve a requerir. Sería más operativo que las distintas administraciones
cruzaran la información que ya disponen antes que pedirla de nuevo. Esa
sobrecarga no tiene precio.
Para tener un mayor control sobre
sociedades limitadas y autónomos, nos demandan que les aportemos datos sobre la
constitución de estas sociedades, información que ya poseen y se nos exige un
mayor sobreesfuerzo a los despachos. En
la Dirección Provincial de Castellón nos han facilitado mucho la tramitación en
el caso de sociedades que no tienen trabajadores, pero quedan todas las otras.
Con la carga de trabajo que tenemos ahora, con los impuestos -rentas, IVA,
etc-, se puede generar un atasco importante en agosto, cuando la administración
tiene menos personal para resolver dudas.